Vuelve el Movimiento de Usuarios por la salud de los uruguayos

En EL ECO conversamos con Néstor “Cacho” Gurruchaga, quien fuera presidente de esta organización y que ahora desde el llano está dando una mano para que la nueva dirección asuma sin problemas.

-¿Qué es el Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada?
-El Movimiento Nacional del Usuario de Salud Pública y Privada es una organización social de carácter nacional, con un desarrollo organizativo prácticamente en todo el país, en algunos departamentos con inserción profunda, en otros lugares un poco menos, pero es una herramienta que tiene unos cuantos años, que tenía una tradición de lista única en sus elecciones para renovar la dirección cada dos años. En el periodo anterior, dos periodos para atrás, me tocó ser presidente. Un conjunto de militantes viejos del movimiento nos juntamos y dijimos: ´vamos a armar una lista con los que pensamos parecido´. ¿A qué se debía eso? Al balance que hacemos de en qué situación estaba el Sistema Nacional Integrado de Salud y qué es lo que pensamos que podía pasar hacia adelante, que viniera una fuerza política no muy amigable con los objetivos de la reforma.
Esa elección determinó una dirección de 19 integrantes que adjudicó 11 a la lista ganadora -que es la nuestra, la lista 33-, y 8 a la lista perdedora. La lista perdedora no aceptó ser minoría, vació los organismos de dirección, no participó. Eso se juntó con la época de la pandemia y comenzaron a cuestionar algunas cosas.
Hubo una segunda elección con un resultado exactamente igual, 11 cargos para la mayoría, 8 para la minoría. Pero esta gente nunca aceptó ser minoría. Presentaron algunas denuncias sobre los manejos de los recursos, sobre algunos detalles en cuanto a la última elección, algunos detalles que tenían alguna base, porque nuestro reglamento electoral tenía alguna contradicción que había que corregir. Nosotros estábamos dispuestos a corregirlo, pero ahí el gobierno decretó una intervención a través del Ministerio de Educación y Cultura y designó un interventor a costa del movimiento, con un sueldo de más de 30 mil pesos, IVA incluido, que había que pagarlo con recursos del movimiento. La resolución decía plazo máximo de seis meses para depurar el padrón y convocar a nuevas elecciones, que un poco era lo que habíamos propuesto nosotros, que estábamos dispuestos a reformar el estatuto electoral.

-¿Fue esa intervención la que se extendió por dos años?
-Esos seis meses se extendieron a seis meses más, esos seis meses más se extendieron a seis meses más. En realidad los seis meses que era el plazo máximo se convirtieron en más de dos años. Y en noviembre del año pasado el interventor convocó a una asamblea para resolver la elección, se aprobó la elección, se hicieron propuestas para la comisión, la minoría planteó suspender la reunión porque ellos entendían que volaba una mosca blanca en vez de una negra y la asamblea consideró que estábamos en quórum y que la asamblea iba a seguir. Entonces se retiraron de la asamblea, inmediatamente que se retiraron el propio interventor propuso levantarla, insólitamente dándole la razón a la minoría. La asamblea resolvió continuar, aprobó la fecha de la elección, la elección se hizo y la gente de la lista 19, que es la lista opositora, no se presentó.

-¿Entonces como continuaron?
-Nosotros decimos que eso que pasó se junta con otras cosas, porque yo tengo adelante mío un documento en línea de trabajo 2021 que es lo que elaboramos como base para entender en qué situación estábamos y cuáles eran nuestras críticas y qué es lo que pensábamos hacer. Y ahí nosotros sosteníamos que de los tres pilares de la reforma que son cambio en el modelo de financiamiento, cambio en el modelo de gestión y cambio en el modelo de atención, considerábamos que se había avanzado mucho en el cambio del modelo de financiamiento, es mucho más democrático, se avanzó algo pero falta mucho en el cambio del modelo de gestión y donde está el verdadero cuello de botella, donde está nuestra mayor preocupación es en el cambio del modelo de atención. Y lo explico para que los lectores lo entiendan: el cambio del modelo de atención implica priorizar el primer nivel de atención.

-¿Cómo es eso?
-Es decir, tenemos que ir a un modelo de atención que priorice o se plantea hacer centro en la salud, prevenir y promover prácticas de salud. ¿Y qué es lo que pasa? Que nuestro sistema de salud está altamente mercantilizado en un gran sector para el cual el negocio no es la salud sino la enfermedad. Por lo tanto, de motu proprio jamás van a avanzar si no hay una rectoría, si el cambio en el modelo de gestión no controla que realmente invierten y trabajen en el primer nivel, porque su negocio no es la salud sino la enfermedad.
Y a eso le sumamos otro par de cosas que a nosotros nos parecen muy importantes: la distribución de recursos humanos en salud, donde Montevideo y el área metropolitana, con el 45% de la población del país, concentran el 70% y pico, 73 – 74% de los recursos humanos en salud. Y nos queda un 27% para todo el resto de la República. Y de todo el resto de la república, de ese 27% solo el 8% está al norte del Río Negro. Por lo tanto, si en departamentos cercanos a Montevideo como Colonia hay dificultades, imagine lo que es en Artigas, Tacuarembó, Cerro Largo.
Eso es multicausal, pero nosotros lo que planteamos era abrir una discusión, poner el tema arriba de la mesa para que haya un proceso que apunte a mejorar eso. Porque la razón principal es que es mucho más fácil atender varios kioscos, tener multiempleo en Montevideo. Y eso es lo que explica que la concentración de especialistas esté en Montevideo y en el área metropolitana. Muchos usuarios saben que para algunas especialidades los tiempos de espera son largos. En la salud privada tenemos una hora y media para que se tomen la presión.
El otro punto que está vinculado a eso y que aprovecho la oportunidad que ustedes me brindan para explicar a los lectores, es el tema económico, financiero. Nuestro país no gasta poca plata en el sistema de salud. Nuestro país invierte mucha plata.
Hay una cifra estándar a nivel internacional que es entre el 9,5 y el 10% del Producto Bruto Interno de un país. Hay países africanos que gastan bastante menos, hay países europeos que gastan un poco más. Nuestro país gasta el 9,5 de su Producto Bruto Interno en el sistema de salud.
Es una torta de plata. El problema no es por falta de plata, el problema es cómo se maneja la plata. El pueblo uruguayo, por diferentes medios, impuestos y demás, llena una gran lata que se llama Junasa, el Fondo Nacional de Salud.

-¿Cómo se reparte esa gran lata de dinero?
-Todos los trabajadores y los jubilados del Uruguay hacemos el esfuerzo de llenar esa gran lata. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que de esa lata después sale un caño maestro en dirección a la salud privada y sale una manguerita de muy poco porte en relación a la salud pública. Si uno hace la división de todo el dinero que recibe ASSE para funcionar, por la vía que sea…todo el dinero lo divide por el millón largo de usuarios que tiene, nos da una determinada cifra por cabeza.
Si hacemos lo mismo con la salud privada, la cifra es muy distinta y por cabeza la diferencia es muy notoria. ¿Es grande? Es grande. La diferencia de la plata que va a la salud privada es grande.
Entonces nosotros sabemos que cuando le van a auditar los números a cualquier empresa privada de salud (porque ahora es una empresa, antes era cooperativa, era mutualista, ahora la mayoría es una empresa), generalmente o están en rojo o apenas empata. Pero cuando le ponemos la lupa a cómo gastan la plata, entonces nos encontramos con algo que nosotros en ese documento del que yo te estoy haciendo mención, que es un documento que tiene 5 años, que es del 27 de julio del 2019, nosotros planteamos allí que en el sistema de salud de nuestro país existe renta oculta en forma de salario. Porque los cargos gerenciales en las instituciones privadas más grandes oscilan entre 800 mil y 1 millón de pesos mensuales.
Los directores técnicos de área, entre 250 mil y 300 mil pesos mensuales. Los cargos principales en algunas instituciones del interior, entre 400 mil y 500 mil pesos mensuales. Y hay algunos anestésicos quirúrgicos, que no ´matás´ por menos de un millón y medio de pesos por mes.
Nosotros lo decimos claramente, en el sistema de salud de nuestro país hay renta oculta como salario y se hace necesario ponerlo arriba de la mesa. Porque cuando nosotros intentamos poner eso en discusión. Nos dicen que son empresas privadas, que no nos podemos meter. Sí, son empresas privadas, pero funcionan con un fondo público, que es el FONASA.

Néstor Cacho Gurruchaga

-¿Cómo se avanza en esa línea?
-La discusión tiene que ser pública y los oyentes y los usuarios tienen que entender que eso hay que ponerlo arriba de la mesa. Nosotros teníamos como objetivo atacar todas estas cosas. ¿Qué es lo que se juntó? Se juntó que los que se hicieron cargo en estos últimos años, en estos últimos cuatro años largos del sistema de salud, la intención era no ir en la dirección que nosotros planteábamos y lamentablemente teníamos adentro del movimiento de usuarios alguna gente que inocentemente se prestó para eso. Creo que hay algunos otros que no tan inocentemente, presentaron denuncias, aprovecharon la volada, congelaron la herramienta durante dos años y pico.
Y en estas cosas que nosotros pensábamos que había que avanzar, ¿qué es lo que estamos viendo? Un enorme retroceso. Ha habido un retroceso en los derechos y en la prestación de la gente. Un ejemplo claro, contundente de lo que estamos hablando es Casa de Galicia, que estaba con problemas económicos, pide un auxilio monetario que no se lo dan y la ponen a remate. La rematan. La compra Círculo Católico y la compra con la plata de todos los uruguayos, con un préstamo del Banco República, que es propiedad del Estado, por lo tanto es propiedad de todos los uruguayos.
Por lo tanto nosotros mismos le prestamos la plata para que Círculo Católico comprara Casa de Galicia. Ahora, en el último año, si uno va a ver los servicios que Círculo Católico le vendió a ASSE, es una suma que es un disparate, millonaria la cuenta. ¿Y dónde le presta su servicio? En el ex sanatorio de Casa de Galicia.
El gerente o el presidente de ASSE, hasta hace muy poco, era un ex gerente del Círculo Católico. Por lo tanto, ese es un claro ejemplo de muchos otros que hay a lo largo y ancho del país de gente sentada de los dos lados del mostrador. Entonces, en función de eso, convenía tener la herramienta del movimiento de usuario congelada.

-¿En ASSE hay una delegada que fue electa por el Movimiento de Usuarios?
-La misma mano que resolvió la intervención del movimiento nacional de usuario por seis meses (Natalia Pereyra), lo extendió por seis más, lo extendió por seis más y lo llevó a dos años y pico, es la misma mano que sostiene en el directorio de ASSE a una directora supuestamente representante de los usuarios que fue denunciada por el movimiento de usuario ante la justicia por un presunto delito de estafa. Fue analizada su conducta por la comisión de ética de nuestro movimiento que recomendó sacarla de filas del movimiento, dicho en criollo, recomendó expulsarla y hubo una asamblea que sin ningún voto en contra, con tres o cuatro extensiones, la expulsó del movimiento, su partido político la pasó a la comisión de disciplina y la expulsaron de su partido político. Sin embargo, esa señora que está denunciada ante la justicia por un supuesto delito de estafa, sigue sentada en el directorio de ASSE porque es funcional a lo que ha pasado en los últimos cuatro o cinco años. Las dos cosas van de la mano.
Para entender la intervención hay que tener claro que las dos cosas van de la mano y que los usuarios vean si ha mejorado o empeorado la atención que reciben en el prestador que sea. Se van a encontrar que esto que decimos es tal cual y ese era el objetivo de la intervención. Es una preocupación y más allá del resultado de la intervención en términos concretos para el ciudadano común, se ha deteriorado mucho la atención, ya sea en la salud pública como en la privada.
Este cambio que se ha producido de cooperativas a empresas ha generado una carrera por el lucro que hace que la atención quede en un segundo plano.
En el directorio de ASSE, como dije, está sentada una persona que no tiene respaldo, ni social, ni político. En la Junasa no hay representación de los usuarios. Y la mayoría de las juntas departamentales de salud, de los consejos asesores y honorarios, tampoco están funcionando.
Hay que empezar a remar de bastante más atrás. Ahora, es importante que la gente entienda que el sistema de salud es nuestro. La reforma asegura y garantiza que todos debemos tener el mismo nivel de atención, no importa en qué prestador nos atendamos ni en qué lugar de la República vivamos.
El 73-74% de los recursos humanos de salud están concentrados en Montevideo y en el área metropolitana. Supuestamente en una economía de mercado como la nuestra nadie puede obligar a nadie a ir a trabajar donde no quiere (es su derecho), pero los usuarios tenemos garantizado por la Constitución de la República y por las leyes que crearon el Sistema Nacional Integrado, el mismo nivel de atención no importa donde vivamos. Por lo tanto, allí hay un choque de dos derechos que hay que ponerlos arriba de la mesa, que hay que empezar a debatirlos y ojalá empiece un proceso que tienda a corregirlos.